El Centro Católico Multimedia (CCM) en su Reporte Anual informa que la persecución contra religiosos no es un fenómeno aislado. Más de 80 sacerdotes han sido asesinados en los últimos 18 años en México.
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Las peticiones de los dirigentes de la delincuencia organizada a la jerarquía de la Iglesia católica, obispos y sacerdotes, van desde lo más inverosímil hasta lo más ordinario:
“Con motivo del recorrido nacional que realizan las reliquias de San Judas Tadeo, uno de los jefes del narco nos pidió si las acercábamos al templo de su pueblo para poder conocerlas y rendirles culto”, dice un obispo.
Otro obispo contó: “Uno de estos personajes pidió que fuera a bautizar a su hijo. Pregunté: ¿hay capilla en el pueblo? Dijo que no y luego de unos meses volvió a invitarme y me advirtió: ya hice la capilla para que la bendiga y haga el bautizo. ¡Tuve que ir!”, relata
Un cura del sur de Guanajuato se negaba a celebrar la misa en la fiesta patronal y el jefe de la plaza mandó decir: “Si no vienes a la fiesta, pasado mañana amaneces colgado en el campanario de la iglesia del pueblo”. Por supuesto que hubo bautizos, fuegos artificiales y carnitas para todo el pueblo.
El Centro Católico Multimedia (CCM) en su Reporte Anual informa que la persecución contra religiosos no es un fenómeno aislado. Más de 80 sacerdotes han sido asesinados en los últimos 18 años en México. “Hay intimidación agresiva y sistemática”, afirmó. Sólo en el sexenio anterior se registraron 10 asesinatos de sacerdotes, y se supo de 10 sacerdotes y religiosos violentados, dos sacerdotes desaparecidos por más de 10 años, 900 casos de extorsión y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica, además de ataques contra 26 templos en diversas regiones del país.
Sin embargo, obispos y sacerdotes en general llevan la fiesta en paz con los jefes de los grupos delincuenciales. Ellos saben que los narcos causan violencia y muerte en la población, sobre todo cuando el control de un pueblo o plaza está en disputa. Pero en general hay un “acuerdo” entre ambos grupos para que unos y otros tengan una “sana distancia”.
Los jefes de plaza controlan el trasiego de droga, la venta de cerveza y de bebidas alcohólicas. A veces la relación se tensa porque en los pueblos y comunidades quienes son dueños de la fiesta patronal del pueblo son los comités de las parroquias y los mayordomos.
Un sacerdote de la Montaña de Guerrero dice: “Del atrio para adentro manda el cura, en la calle mandan ellos. Pero colaboran en los festejos del pueblo con la comida, con mezcal y cerveza, fuegos artificiales y la remodelada de la capilla o iglesia”, cuenta.
Hay momentos críticos en la relación de la Iglesia con los grupos delincuenciales por tres razones:
1.- Cuando hay disputa por los territorios y llega un nuevo grupo al pueblo, casi todos los hombres se tienen que ir a la montaña o huir a otro pueblo. Ocurrió en uno de los pueblos de la Montaña: entró a una Comunidad la Familia Michoacana y, con drones llenos de granadas y a punta de metralleta, desplazaron a mujeres y niños en la madrugada. El sacerdote, lo más que pudo lograr, es que les permitieran abandonar el pueblo y caminar dos horas al pueblo siguiente.
2.- En general, sacerdotes y obispos no cuestionan a los jefes de los grupos delincuenciales, “tampoco hablan con sus mamás para que hablen con sus hijos y pidan que dejen de hacer el mal”. Pero hay curas de pueblo que pretenden “poner límites” a los delincuentes, sobre todo cuando hay venganzas o problemas familiares y la venta o trasiego de droga es un detonante. En esos casos, normalmente, los jefes de los cárteles mandan mensaje al obispo y pidan sacar al cura.
3.- Hay ciudades en Michoacán, Guerrero, Guanajuato y ahora Sinaloa que están calientes siempre, por lo que los obispos y sacerdotes optan por un perfil bajo, en que se recomienda que no haya fiestas multitudinarias y en lugares abiertos.
Una consulta con varios jerarcas católicos nos confirma que en la Conferencia Episcopal Mexicana existe un registro confidencial de un centenar de sacerdotes, religiosas y catequistas que han tenido que salir de su comunidad por conflictos con la delincuencia, por denuncias en las comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Otro día platicamos de cómo un obispo católico recibió amenazas de un grupo de delincuentes en el sentido que “enviarían cabezas de sacerdotes si no aceitaban ciertas condiciones en un proceso negociador de paz”.
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