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Un juez federal dictó vinculación a proceso a una ex funcionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso que, según la imputación, beneficiaron a una empresa de la cual son accionistas, Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), su cónyuge y su suegro.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción concluyó que la ex servidora pública utilizó su cargo para retirar a la empresa Juni Serra de la lista de factureras o sociedades que simulan operaciones financieras.
La ex funcionaria María Angélica Martínez Reyes enfrentará su proceso penal en libertad por decisión del juez de control con sede en el Reclusorio Sur.
La indagatoria detectó que Danino Ángel Martínez Diez, suegro del ex dirigente panista, es accionista de Juni Serra, compañía involucrada en la compra simulada de una propiedad por 54 millones de pesos en Querétaro. En abril de 2018, cuando Anaya Cortés era candidato presidencial del PAN, difundió documentos que acreditaban la compra del terreno de 13 mil 589 metros cuadrados en ese estado.
El 8 de abril de ese año, La Jornada reportó la explicación de Anaya. Según el entonces candidato, Juni Serra, propiedad de él y su cónyuge, compró el terreno en 15 millones 302 mil pesos. Después fue construida en el predio una nave industrial con un costo de 18 millones 295 mil pesos, lo que daba un total de 33 millones 598 mil pesos.
La ex funcionaria del SAT está acusada de haber beneficiado a Juni Serra con una resolución que resultó apócrifa, por la cual quedaba descartada la presunción de que la empresa facturaba operaciones simuladas, cuando al mismo tiempo había otra resolución, ésta verídica, que sostenía esa sospecha.
Según la investigación de la fiscalía, la ex funcionaria firmó la resolución que sustentaba la presunción de que la empresa era facturera, pero también autorizó la resolución apócrifa, que exoneraba a Juni Serra del señalamiento.
De esa forma, la ex funcionaria benefició a la empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la federación en impedir la operación de dicho tipo de personas jurídicas
, señaló la fiscalía.
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