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Se carece de cifras certeras sobre fosas clandestinas, advierten

jornada.com.mx

Ciudad de México. Pese a que se trata de un fenómeno recurrente y extendido en México, se carece de cifras certeras para determinar el total de fosas clandestinas en el país y el número de cuerpos exhumados en ellas, lo que impide conocer la real magnitud de esta crisis.

Esta tarde se presentó el informe Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, en el que se hizo una revisión tanto de datos oficiales como hemerográficos para brindar un panorama de esa problemática en el país.

Algunos de los resultados del reporte muestran que entre 2009 y 2016 la prensa reportó un total de 618 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados mil 829 cuerpos y 45 mil 381 restos de personas en 23 entidades del país. Aunque estos números podrían aumentar a 817 fosas con 2 mil 229 cuerpos y 93 mil 296 restos si se consideran las cifras “altas”.

En lo correspondiente a la información oficial, se indica que entre 2006 y 2017 las procuradurías y fiscalías estatales reportaron mil 606 fosas, en las que fueron exhumados 2 mil 489 cuerpos y 584 restos de 24 entidades del país.

Entre 2000 y 2015 la hoy Fiscalía General de la República (FGR) afirma haber identificado tan sólo el 6 por ciento de los cuerpos exhumados, haber abierto 81 investigaciones o averiguaciones previas y consignado a 106 personas.

El informe fue elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad de México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19.

Asienta que a partir de los datos encontrados “es posible señalar que el número de fosas halladas se sigue acumulando, de manera que la práctica de la inhumación clandestina ha persistido; las fosas clandestinas que han sido observadas por las fuentes de prensa y oficiales son sólo una fracción de un universo más grande que no se ha documentado en su totalidad; y que existen inconsistencias y falta de certeza en las cifras oficiales”.

El recurrente hallazgo de fosas clandestinas “constituye una evidencia de los niveles de violencia que aún prevalecen en México, de la falta de estrategias adecuadas de prevención, de la debilidad de los sistemas de procuración de justicia y de la impunidad”.

En ese sentido, el reporte reafirma que las instituciones del Estado deben asumir con seriedad sus obligaciones para detener la desaparición de personas y los homicidios, realizar investigaciones criminales sustentadas en pruebas científicas, garantizar procesos dignos y adecuados de identificación, notificación y entrega de restos, y asegurar la certeza en las cifras y el derecho a la información a través de la efectiva conformación del Registro Nacional de Fosas, establecido en la ley en materia de desapariciones.

Durante la presentación del informe, el rector de la UIA Ciudad de México, David Fernández, indicó que el objetivo de los perpetradores es que las fosas clandestinas sean encontradas. “Cumplen una función pedagógica de demostrar la precarización y la vulnerabilidad de las vidas humanas para hacer alarde de impunidad con la que se puede continuar esa práctica”.

Subrayó en particular la necesidad de que el problema no se limite exclusivamente a las estadísticas. “Más allá de las cifras, la UIA quiere poner en el centro de la discusión pública que el tema de las fosas clandestinas es un tema de seres humanos, a quienes se les ha negado la identidad. No sólo a quienes fueron inhumados en total impunidad, y posiblemente en algunos casos con anuencia o participación de las autoridades, sino también a sus familias”.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, resaltó que este informe da nuevos datos sobre esta crisis, pero al mismo tiempo representa sólo una parte del universo real de las fosas clandestinas. “Seguimos sin conocer la magnitud de este problema”.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, reconoció que sin información difícilmente se podrá tener acceso al derecho a la verdad, a la justicia y a una política pública para combatir las desapariciones.

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