La medida que López Obrador impulsó contra los vapeadores tuvo un efecto de rebote, abriéndole la puerta al mercado negro de vapes calculado en 26 mil mdp anuales, exponiendo el fracaso en la política nacional antitabaco, advierte análisis del Colegio de México.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La prohibición de vapeadores “ha sido ineficaz” y esto ha fomentado una industria que carece de recaudación fiscal y de control sanitario. Su consumo ha dado lugar a un mercado calculado en más de 26 mil millones de pesos anuales (donde únicamente se consideran líquidos consumidos, cartuchos de e-líquidos y cigarrillos desechables), de acuerdo con el último análisis realizado por el Colegio de México.
Elaborado por los investigadores Jaime Sempere y Iñaki Zardain, el estudio titulado Mercado de Productos Alternativos de Suministro de Nicotina en México plantea dos escenarios de imposición fiscal que muestran una recaudación potencial que oscila entre cuatro mil 483 y seis mil 941 millones de pesos, afirmando que esta recaudación equivale casi a 30% del presupuesto anual de Jóvenes Construyendo el Futuro.
“Considerando un impuesto específico sobre volumen de e-líquido de 3.21 MXN/ml y un iImpuesto específico sobre contenido de nicotina: 0.128 MXN/mg, la recaudación potencial ascendería a seis mil 940 millones 915 mil 526 pesos. Suponiendo que se establece un impuesto específico sobre volumen de e-líquido de 4.5 MXN/ml la recaudación sería de cuatro mil 483 millones 135 mil 256 pesos”, refiere el estudio.
A principios de este año se prohibieron todas las actividades relacionadas con cigarros electrónicos, vapes y otros sistemas o dispositivos similares; los investigadores apuntan que, sin embargo, estas prohibiciones no han logrado limitar el consumo.
La evidencia reunida -se lee en el documento realizado por Sempere y Zardain- sugiere que el modelo de prohibición adoptado en México no ha logrado sus objetivos sanitarios ni regulatorios. Frente a un mercado vigoroso, creciente e informal, una regulación inteligente podría permitir el control de calidad, la protección de menores, la reducción de daños en salud pública y una significativa captación fiscal.
La prohibición ha desplazado la venta de tiendas reguladas a mercados informales sin control de calidad, aumentando los riesgos sanitarios y promocionando el mercado negro, y se ha detectado participación del crimen organizado en la distribución ilegal en algunas regiones de la Ciudad de México y de los estados.
Sempere y Zardain plantean que “la demanda existe, es muy difícil llegar a un cese total de la venta y ésta se seguirá produciendo por cauces ilegales sin un control efectivo de los productos vendidos y el riesgo consiguiente para los consumidores”.
Proponen que los e-líquidos estén sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vía una reforma de este impuesto. “El IEPS grava el daño causado y se ha usado sobre tabacos, bebidas alcohólicas, gasolinas, refrescos. Una posibilidad es gravar en función de la cantidad de nicotina. La otra es en función del líquido”, explican.
Para 94% de los encuestados en el estudio, la prohibición es ineficaz. Sólo 9% consideró que se ha evitado el acceso de los menores de edad a esos productos. Un tercio dijo que una regulación aumentaría la calidad del producto.
Contramedidas
El documento propone reemplazar la prohibición por una regulación con los siguientes elementos:
- Prohibir la venta a menores, con candados efectivos en tiendas físicas y digitales, y eliminación de máquinas expendedoras.
- Implementar estándares de calidad y etiquetado claro, como ocurre con el cigarro.
- Control de puntos de venta, con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
- Prohibir dispositivos desechables, por su impacto ambiental y riesgo para jóvenes.
- Reforma del IEPS, para gravar estos productos de manera diferenciada según su contenido de nicotina.
- Restricción de publicidad, asegurando información clara para adultos.
- Regulación de ingredientes en los líquidos, prohibiendo sustancias dañinas.
- Trazabilidad y códigos sanitarios, similares a los del cigarro, para controlar la distribución y evitar productos adulterados.
- Acceso a información confiable, permitiendo a los consumidores adultos conocer el uso adecuado de estos productos.
- Regulación de sabores, limitando aquellos que puedan incentivar el consumo en jóvenes.
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