El gobierno municipal de Puerto Vallarta denunciará ante la FGR la muerte de otro cocodrilo en La Ladrillera. La ley contempla sanciones penales y económicas para quienes dañen o maten fauna silvestre protegida.
Agencia Jafríco | NoticiaasPV
El gobierno municipal de Puerto Vallarta interpondrá una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el asesinato de un cocodrilo ocurrido el pasado fin de semana en la colonia La Ladrillera. Este caso se suma al ataque previamente denunciado de otro ejemplar en el Estero El Salado, que fue encontrado decapitado.
Ambos casos serán investigados como delitos federales, ya que los cocodrilos están protegidos por la Norma Oficial Mexicana NOM‑059‑SEMARNAT‑2010, y su maltrato, captura, muerte o tráfico está penado por la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal. Las sanciones establecidas van de 1 a 9 años de prisión —e incluso hasta 12 años en casos agravados— y multas de hasta 800 mil pesos.
Bartolo Cruz Romero, director de Sostenibilidad Ambiental del municipio, informó que ya se colaboró con la Profepa en el primer caso, y que él mismo acudió a la FGR a rendir su declaración. Ahora, con el hallazgo más reciente, el Ayuntamiento procederá legalmente también.
El cocodrilo asesinado fue encontrado con el hocico amarrado y múltiples heridas, presuntamente provocadas con herramientas como machetes, palas y picos. El método usado sugiere que quien lo atacó tenía experiencia en manipular fauna silvestre.
“Los cocodrilos forman parte del equilibrio ecológico en nuestros canales, ríos y esteros. Su presencia es natural y necesaria. Lo que estamos enfrentando no es un problema de fauna, sino de ignorancia y violencia”, señaló Cruz Romero.
El funcionario lamentó que persista la percepción errónea de que estos animales representan una amenaza constante para la población. Recordó que en más de una década solo se han documentado tres ataques a personas en la región, todos por invasión de su hábitat.
Además de las denuncias, el gobierno de Puerto Vallarta solicitará al Gobierno Federal que se refuercen las medidas de protección en las zonas identificadas como hábitat de cocodrilos, así como acelerar los trabajos con académicos, activistas y autoridades para fortalecer las estrategias de conservación.
“El que mate o dañe un cocodrilo debe enfrentar las consecuencias. La ley es clara y no podemos permitir que estos actos queden impunes”, concluyó.
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