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Ciudad de México. La sentencia dictada en Miami, Florida, a Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por la que deben pagar al gobierno mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, da cuenta de un esquema de defraudación «de centenares de millones de dólares» durante dos sexenios sucesivos, los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde «una parte de los recursos se usó para campañas políticas», afirmó ayer Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que vienen más sentencias por el caso: una en Estados Unidos contra empresas utilizadas exclusivamente para esta trama y «que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país y los llevaban a Barbados, a Israel y a otro lugar». Informó además que «usaron bancos en México para llevar (dinero) a un Occidental Bank en Barbados, que tiene su sede en Colombia».
Pablo Gómez afirmó que en México también hay un proceso penal. «Tenemos una lista de 15 empresas que se utilizaron para operaciones de lavado, pero de segundo o tercer nivel», por un monto de 100 millones de dólares, más o menos.
Por estos hechos, sostuvo, «hay gente en la cárcel, muchas órdenes de aprehensión, una serie de conversaciones con algunos» de los involucrados para que colaboren, a efecto de que se esclarezcan todos los puntos de esta «trama corrupta».
La Presidenta, a su vez, destacó que García Luna, «vinculado con la delincuencia organizada», por lo cual purga una sentencia en Estados Unidos, después de que salió del gobierno «seguía haciendo negocios con recursos públicos», aunque esto no se trató en el juicio en Florida, porque sólo entró la parte de cuando fue servidor público.
Pablo Gómez detalló que las empresas Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc y Nice Systems Ltd ya no existen, pero se les pagaron 625 mil 188 millones 677.60 dólares y 93 millones 866 mil 666.60 pesos por 30 contratos, en el periodo 2009-2018, con la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
En tanto, Glac –vinculada con el nombre de Genaro García Luna– recibió un contrato con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por 26 millones 666 mil 666.60 pesos.
Y hay algunas otras empresas, añadió, que «se usaron en la trama de lavado posterior. Esas firmas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que lo obtenían de las que cobraban, de tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando todo».
Pero «ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos».
Consideró que “no debemos desa-provechar esta enorme oportunidad para escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco”. En este caso, «en una operación trasnacional en que gobernaron dos partidos que se aliaron política y electoralmente».
Subrayó que la jueza Lisa Walsh, en Florida, sentenció «a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto».
Lo contrastó con la decisión de un tribunal mexicano que otorgó a la esposa de García Luna un amparo y la protección de la justicia «para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente», pero esto, afirmó, «lo vamos a resolver pronto». Y «vamos a poder dar detalles de cómo se robaban el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia».
Al igual que la presidenta Sheinbaum, reconoció a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por su trabajo para denunciar a García Luna y a su esposa en Florida, donde tienen su residencia.
«Honor a quien honor merece: ésta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente (Andrés Manuel) López Obrador y que mucho desarrolló Rosa Icela Rodríguez», señaló la mandataria.
La sentencia de la juez Walsh “es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que, en efecto, había un modus operandi con funcionarios de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto con la finalidad de utilizar recursos públicos para beneficio privado”.
El titular del UIF recordó que el ex secretario de Seguridad Pública y su esposa fueron sentenciados a pagar tres veces la cantidad por la que fueron demandados, en procesos por separado, en 2021, ante un juzgado de Florida.
Añadió que en la primera fase del proceso, la juez resolvió que se entregaran al gobierno federal 12 millones y medio de dólares en bienes que estaban en Florida a nombre de una empresa y de la pareja. Aún falta por vender uno, pero ya es propiedad de México.
En una detallada exposición en el salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que a García Luna se le demandó por aproximadamente 250 millones de dólares, conforme a la información obtenida por Rosa Icela Rodríguez, quien, indicó, «abrió completamente todo y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de esta trama corrupta». Posteriormente, agregó, a Linda Cristina Pereyra se le demandó por 580 millones de dólares.
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