El solo señalamiento contra Romo abona las especulaciones de la vinculación del gobierno de Morena con el narcotráfico. La sombra de la sospecha ya manchó al proyecto de la Cuarta Transformación.
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El golpe que el gobierno de Estados Unidos dio al de México, al dar a conocer que tres instituciones bancarias vinculadas al lavado de dinero de cárteles de la droga, una de ellas de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020, ha cimbrado las principales banderas que este gobierno arrió como distintivo de las anteriores administraciones: la honestidad y la lucha contra la corrupción.
A principios de este año el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, indicó que el gobierno de México ha frenado, en los últimos años, operaciones de lavado relacionado con el narcotráfico por un monto aproximado a los 35 mil millones de pesos. Pero esta acción poco ha impactado en el mundo soterrado del mercado financiero nacional e internacional ligado al narcotráfico.
El funcionario de esta área de la Secretaría de Hacienda reconoció que, ante el mercado del lavado de miles de millones de dólares, poco han logrado para frenarlo. Pablo Gómez denunció que los jueces son el principal obstáculo para el combatir esta barbaridad porque otorgan suspensiones y amparos para protegerlos.
Más allá de esta acusación que no justifica la ausencia de acciones gubernamentales potentes, la noticia de que CIBanco, Intercam y Vector habrían “blanqueado” dinero del tráfico de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, del Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hizo evidente la permisividad que hay en el sistema financiero nacional para que esto ocurra.
Las transacciones millonarias producto de sobornos pagados al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, las transferencias a China para la adquisición de precursores químicos e incluso reuniones de ejecutivos con integrantes de organizaciones criminales son parte de las acusaciones de Estados Unidos contra las tres instituciones bancarias mexicanas acusadas de lavado de dinero: Vector, fundado por Alfonso Romo; CiBanco, del empresario guanajuatense Jorge Rangel de Alba Brunel, e Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur.
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, dichas instituciones financieras en México fueron el canal para “blanquear” más de 180 millones de dólares producto del tráfico de la droga del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.
Este monto es apenas un pellizco de la montaña de dinero producto del narcotráfico lavado en México durante muchos años. El escándalo se centra en el señalamiento al empresario Alfonso Romo, quien, como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue parte de la cúpula del gobierno de la Cuarta Transformación.
El solo señalamiento contra Romo abona las especulaciones de la vinculación del gobierno de Morena con el narcotráfico. La sombra de la sospecha ya manchó al proyecto de la Cuarta Transformación que hizo de la honestidad su principal marca y diferencia con los gobiernos del PRI del PAN, también manchados por vínculos con el crimen organizado.
Las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no se va a proteger a nadie, en referencia a Romo, y la excusa de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha enviado la información, no satisface la urgente necesidad de aclarar esta situación y, sobre todo, de investigar a fondo a estas y otras instituciones bancarias y financieras dedicadas al lavado.
Las consecuencias de estas acusaciones tienen efecto inmediato y mediato que seguramente se reflejará en los comicios de 2027, que serán un referéndum al gobierno de Morena.
Por cierto… el origen del término de “lavado de dinero” surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando se descubrió que el crimen organizado creo una red de lavanderías para blanquear el dinero producto de sus negocios ilegales. Hoy en este país cada año fluyen 100 mil millones de dólares del tráfico de drogas, de acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro. Pero no se investiga.
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