Gobiernos estatales y municipales, junto con organizaciones civiles, firmarán en julio un pacto para atender y prevenir el abuso sexual infantil en la región, con acciones conjuntas y políticas públicas transversales.
Agencia Jafríco | NoticiasPV
Con el objetivo de enfrentar de manera integral el abuso sexual infantil en los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, se alista la firma de un pacto interestatal que busca atender este fenómeno con políticas públicas coordinadas y efectivas.
El acuerdo, promovido por la Red Justicia Nayarit —organismo que agrupa asociaciones civiles y empresariales con enfoque multidisciplinario— ha sido elaborado a partir de años de trabajo conjunto. El documento establece tres ejes centrales: prevención, atención a víctimas y reparación del daño.
Sandra Quiñones, activista y defensora de derechos humanos, explicó que durante meses se sostuvieron mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales de ambas entidades, logrando consenso sobre las acciones a seguir. Actualmente, se afinan agendas con los gobernadores para concretar la firma del pacto, prevista para el mes de julio.
“La intención es que tanto gobiernos estatales como municipales adopten políticas públicas transversales y multidisciplinarias en un tema históricamente relegado, como es el abuso sexual infantil”, señaló Quiñones.
El acuerdo también contempla acciones dirigidas a garantizar la atención integral a las víctimas, así como la creación de políticas preventivas. Además, considera la vinculación con temas relacionados como la trata de personas, que también implican abusos sexuales.
Uno de los principales objetivos es articular el trabajo entre las distintas instancias de gobierno, evitando la fragmentación de esfuerzos. “Hemos comprobado que estas víctimas se encuentran en condiciones de gran vulnerabilidad en la región y que este delito tiene alta incidencia”, advirtió.
Se espera que tras la firma del pacto en julio, en el mes de agosto comiencen los trabajos para implementar las políticas públicas correspondientes. Estas acciones involucran no solo al poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y Judicial de ambos estados.
“El documento ha sido diseñado para que los tres poderes generen mecanismos que protejan a la infancia, prevengan el abuso y, en los casos donde ya haya víctimas, el Estado pueda brindarles las condiciones necesarias para su recuperación de forma digna y efectiva”, concluyó la defensora.
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