Tras seis años de impunidad, Martín Rivera Cisneros, delegado de la FGR en Tabasco, fue citado a comparecer en el caso donde se le acusa de abuso s3xual y acoso contra una de sus subordinadas. La cita es hoy, pero no irá porque, dijo, está enfermo.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde el año 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra su delegado en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en agravio de una de sus colaboradoras.
Desde noviembre de 2017 Ana “N”, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad, intentó denunciar, sin éxito, a Rivera Cisneros ante diversas autoridades de la extinta PGR por hechos consistentes en tocamientos, insinuaciones, mensajes y cartas de índole sexual que le habría enviado entre 2016 y 2017.
En aquel momento Rivera Cisneros era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.
Tener una carpeta de investigación vigente en su contra desde 2019 no impidió que el año pasado la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, lo designara como delegado de la institución en Tabasco, sustituyendo a Israel Salas Romero.

En dos ocasiones Ana acudió ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), pero no logró que le tomaran su declaración bajo el argumento de que en ese momento no había asesores jurídicos disponibles o psicólogos, y constantemente le advertían que si denunciaba nada le podría garantizar que no la corrieran de su trabajo.
Cuando logró presentar formalmente su denuncia ante la Fevimtra, Ana relató al Ministerio Público federal que al rechazar las insinuaciones de su exjefe, éste tomó represalias en su contra.
Para ello, ordenó cambiarla de lugar en la oficina para aislarla de sus compañeros, para lo cual la reubicó en una bodega sin ventilación, silla ni computadora para trabajar; la mantuvo prácticamente “congelada” al no asignarle trabajo y realizó cambios en sus horarios.
Sin embargo, en septiembre de 2019 el Ministerio Público federal decretó el no ejercicio de la acción penal, determinación que fue revocada por una jueza de control el 5 de noviembre de ese mismo año.
En su resolución, la jueza de control destacó que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor, y que la institución actuó con parcialidad durante la investigación, ocasionando revictimización.
Por ello, la jueza ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI), por tratarse de un servidor público activo.
La FEAI abrió la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI-CDMX/0000997/2019, pero después de cuatro años nuevamente el Ministerio Público decretó el no ejercicio de la acción penal.
Ana impugnó la decisión, la cual fue revocada el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, al considerar que el Ministerio Público fue omiso al no designar a la víctima un asesor jurídico, pese a que le fue solicitado en diversas ocasiones.
En la carpeta de investigación obra un dictamen en criminalística de campo en el que el perito Técnico Ejecutivo “B” en Criminalística de Campo de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, confirmó que la bodega en la que Ana fue reubicada por su exjefe está destinada al almacenamiento de objetos y no a funcionar como oficina.
Asimismo, que las puertas de la oficina de Rivera Cisneros en la Unidad que encabezaba, lugar en el que Ana indicó que fue víctima de tocamientos por parte de su exjefe, no permiten la visibilidad ni desde afuera hacia adentro o viceversa.
Otro dato de prueba que destaca es el dictamen en materia de psicología emitido por la perito adscrita a la Dirección de Vinculación Institucional de Fevimtra que concluyó que Ana sí está afectada psicológicamente por el hostigamiento que denunció.
“Al día de la valoración psicológica, la C. (…) sí presenta afectación psicológica y emocional asociada a los hechos denunciados”, indica el dictamen.
Por ello, la FEAI judicializó el caso y el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, citó a Martín Rivera Cisneros, al Ministerio Público y a Ana para que comparezcan a audiencia inicial para formular imputación contra el investigado.
La diligencia estaba prevista para realizarse este viernes a las 9:00 horas, sin embargo, Martín Rivera Cisneros solicitó reprogramarla debido a que, afirmó, tiene influenza.