Entre escenas cargadas de dolor y rabia se dio la caótica apertura de la narcofinca a decenas de familiares de personas desaparecidas y los medios de comunicación por parte de la Fiscalía de Jalisco.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Familiares de personas desaparecidas en México se indignaron el jueves ante los controles impuestos por autoridades para ingresar a un rancho en el estado occidental de Jalisco, en el que hace dos semanas un colectivo de buscadores encontró numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos.
“No entramos a ver un museo señores, entramos a ver las evidencias donde tal vez estuvieron nuestros hijos”, gritaba una madre que busca a su hija desaparecida.
Entre escenas como esas, cargadas de dolor y rabia, se dio la caótica apertura del “Rancho Izaguirre” a decenas de familiares de personas desaparecidas y los medios de comunicación por parte de la Fiscalía de Jalisco, que ha enfrentado fuertes críticas por las fallas y omisiones en las investigaciones del caso que ha conmocionado al país.
Aunque los familiares llegaron al predio del municipio de Teuchitlán con la esperanza de encontrar algún indicio que les permitiera tener alguna certeza de que su pariente estuvo en esa finca —la cual estuvo en manos del crimen organizado—, al final se fueron con las manos vacías.
Muchas de las áreas de la finca, de casi una hectárea, estaban aisladas por cintas de seguridad donde se observaban pequeñas banderas entre la maleza en las que se leía “evidencia no tocar”, y algunas zanjas aún abiertas.
En la bodega principal del rancho, donde semanas atrás el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —conformado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidos— halló cientos de prendas de vestir, ya no había nada debido a que todos los objetos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Jalisco, según explicaron activistas.
La ausencia de evidencias y el aislamiento de algunas áreas indignó a muchos familiares, entre ellos a Patricia Sotelo, que busca a su hija desaparecida. Entre gritos, Sotelo dijo a la prensa: “esto es una burla para nosotros como madres”.
“Todo fue un teatro armado”, expresó Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien criticó que ningún funcionario de la Fiscalía de Jalisco “quiso dar la cara” para ofrecer una explicación a los familiares sobre el “desastroso” manejo de la apertura del “Rancho Izaguirre”.
Los nuevos cuestionamientos contra las autoridades de Jalisco surgen un día después de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció una serie de fallas y omisiones en las que incurrió la fiscalía estatal en las investigaciones del predio, el cual fue intervenido en septiembre del 2024.
Durante seis meses los fiscales estatales no avanzaron en el caso, y no fue sino gracias a los hallazgos que denunció el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo que se reactivaron las investigaciones en el lugar.
Gertz Manero afirmó el miércoles que la Fiscalía de Jalisco cometió deficiencias en el registro de cientos de objetos, no realizó las inspecciones y el rastreo de indicios y huellas, no preservó las evidencias y el recinto, ni estableció “los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región”.
Ante las fallas detectadas en las investigaciones, el fiscal general anunció que se analizaría la actuación de los funcionarios, e indicó que si se cometió algún tipo de irregularidad “por supuesto que vamos a ir y hacer todo lo que sea necesario para establecer esa responsabilidad del Ministerio Público, de su fiscal supervisor y de toda la cadena de mando”.
El caso del “Rancho Izaguirre” ha puesto en tela juicio una vez más el manejo que siguen las fiscalías para muchas investigaciones, en particular para los casos de desapariciones en México, que ya alcanzan casi 125.000.
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