El director de Asuntos Municipales del Gobierno de Coahuila, Aldo Mauricio Martínez, conocido como “Topo”, fue detenido por golpear a su esposa y suspendido de la Universidad Autónoma de Coahuila por acosar a una menor de edad.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un caso de violencia familiar se convirtió en asunto público: el exdiputado federal y hasta el lunes director de Asuntos Municipales del gobierno de Coahuila, Aldo Mauricio Martínez Hernández, fue detenido la noche del viernes 4 de octubre, momentos después de haber golpeado a su esposa.
Dos días después, el lunes 7, una denuncia por acoso sexual fue presentada por una estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La joven, alumna de primer semestre y menor de edad, llevó como evidencia mensajes de WhatsApp en los que el mismo Martínez Hernández, catedrático de la escuela, le había solicitado fotografías a cambio de subir su puntaje en calificaciones.
Hoy, la audiencia inicial por el caso domiciliario resultó en un plazo de investigación de tres meses para los cuales la jueza especial de violencia familiar, Elisa Anaid Salinas López, dictó por medida cautelar la prisión preventiva.
El plazo se cumple el 11 de enero de 2025, por lo que tendría que permanecer en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, pero el próximo martes el acusado tendrá audiencia de revisión a la medida cautelar, pues la defensa pugna por conseguir que enfrente el proceso en libertad.
Durante la audiencia inicial, cuyo contenido fue consultado por el reportero, se expusieron los hechos ocurridos en el domicilio conyugal ubicado en el fraccionamiento Real de Peña, una zona residencial localizada al norte de Saltillo.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, antes de las 11:00 de la noche del viernes 4, su agresor llegó al domicilio en estado de ebriedad, lo que detonó una discusión que se tornó violenta. En diferentes momentos, la esposa del político fue sometida a golpes, tirones de cabello e inmovilizada en el suelo, hasta que pudo huir y, mientras avanzaba por su calle, encontró a un grupo de vecinos a los que pidió auxilio; fueron ellos los que llamaron a la policía.
El hoy imputado se resistió a la actuación policial. De acuerdo con los elementos de la policía municipal de Saltillo que arribaron al domicilio, el priista alegaba que no tenían orden judicial, que iba a despedirlos a todos y profirió insultos a los policías mientras lo aprehendían.
Durante la audiencia, la defensa intentó que se declarara ilegal la detención, pero la agente del ministerio público argumentó la flagrancia, pues al momento de llegar los policías, la víctima –cuyas múltiples heridas fueron descritas en la audiencia con base en el parte policial que ratificó un forense– aun sangraba, además de haber señalado directamente al agresor.
El asunto se ha convertido en un escándalo local conocido como el “Caso Topo” toda vez que Aldo Martínez recibe ese sobrenombre y es ampliamente conocido en el ámbito político y jurídico, habida cuenta de una trayectoria ligada al PRI.
A principios de siglo asumió la dirigencia estatal juvenil priista; como diputado federal suplente tuvo la suerte de asumir una curul por un año de 2005 a 2006. Desde entonces, ocupó diversos cargos de mediana relevancia en el gobierno estatal, siempre ligado al hoy exsecretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández.
Fue durante la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, cuando De las Fuentes Hernández promovió al “Topo” como director de Asuntos Municipales en la Secretaría de Gobierno. Con el cambio de sexenio, permaneció en el cargo en paralelo a un involucramiento directo en la política de la UAdeC, donde se desempeñó como catedrático desde hace tres años.
El Caso Topo, universitario
Aldo Martínez es parte de un grupo de abogados que mantienen el control de la Facultad de Jurisprudencia, cuyo director, Alfonso Yáñez Arreola, fue presidente de la sociedad de alumnos, como el mismo “Topo” lo fue tiempo después.
Ambos se relacionaron con el PRI a finales de los 90, cuando Yáñez Arreola se convirtió en dirigente estatal juvenil donde luego lo sucedería Aldo. Desde entonces, han trabajado de la mano en la política universitaria y de partido.
En medio del escándalo por la detención por violencia familiar, revelado por la edición vespertina de la columna Palacio Rosa en el periódico Zócalo Saltillo, siguió el segundo caso difundido el martes por el El Coahuilense Noticias, que dio a conocer la existencia de una denuncia por acoso sexual en contra de Aldo Martínez.
Fue la mañana del lunes cuando una estudiante de primer semestre de la Facultad de Jurisprudencia se presentó a la Secretaría Académica del plantel para denunciar al profesor, a quien señaló de acosarla en clase, seguirla en diferentes espacios de la escuela y aparecerse cuando ella se encontraba sola, una situación que la intimidaba y que tuvo su peor expresión cuando, en torno a las fechas de exámenes parciales, le solicitó vía WhatsApp, que le enviara fotografías íntimas para mejorar su puntuación.
La denuncia por acoso fue confirmada por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en una conferencia de prensa encabezada por el secretario general, Víctor Manuel Sánchez, así como por la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas, quienes dieron a conocer que se había activado el protocolo de protección por los dos casos, pues la esposa del exdiputado, es maestra de la dicha casa de estudios.
En el segundo caso, el de acoso escolar, la gravedad fue observada por el secretario general, quien expuso que la Facultad de Jurisprudencia había actuado negligentemente. El funcionario universitario reveló que la víctima era menor de edad y la Facultad, al remitir la denuncia al Tribunal Universitario, no dio aviso a sus padres.
Además, el Tribunal Universitario informó que había 42 asuntos relacionados con faltas relacionadas con los derechos sexuales, es decir, por acoso, abuso y agresión sexual. La UAdeC tiene 67 escuelas y la que tiene más denuncias es la Facultad de Jurisprudencia, que concentra el 10% de los expedientes en trámite.
Dicho Tribunal Universitario, el protocolo y los procedimientos con perspectiva de género, fueron el resultado de un movimiento de universitarias detonado en 2019, cuando dos alumnas de la misma Facultad de Jurisprudencia tuvieron la iniciativa de colocar un buzón de denuncias con el propósito de recibir quejas de acoso en la jornada del 8M de aquel año.
La iniciativa salió de control y el buzón se desbordó, pues la Facultad de Jurisprudencia tenía numerosos casos de maestros y alumnos involucrados en acoso y abusos, entre estos, grupos de WhatsApp donde se distribuían imágenes íntimas de alumnas como trofeos de los miembros del grupo.
La protesta de las alumnas pronto contagió a otras escuelas y facultades, por lo que el entonces rector, Salvador Hernández Vélez, organizó una serie de comisiones y foros que resultaron en la desmovilización de las universitarias tras la creación de instancias y protocolos que, en los años siguientes, motivaron la destitución de varios directores y la expulsión de maestros de diferentes escuelas.
A cinco años de distancia, la Facultad de Jurisprudencia vuelve a ser epicentro del escándalo por otro asunto de acoso sexual.
Palancas y antecedentes
Entre las tareas partidistas y universitarias, el grupo político encabezado por Alfonso Yáñez Arreola y Aldo Mauricio Martínez Hernández, ha logrado un posicionamiento importante a lo largo de 25 años.
Por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado, Juan José, hermano de Alfonso, es magistrado; otro integrante del mismo grupo, es Iván Garza, magistrado de la Sala Penal.
Durante el gobierno de Rubén Moreira, Alfonso Yáñez e Iván Garza fueron parte del staff del hoy diputado, al desempeñarse sucesivamente en la secretaría particular; en tanto, Juan José Yáñez fue uno de los principales funcionarios en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Al finalizar el gobierno, Juan José e Iván fueron convertidos en magistrados, y este último, como Alfonso, beneficiados con un fiat notarial.
Ya fuera del gobierno, hace cinco años, Alfonso Yáñez consiguió ganar las elecciones a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia y, desde entonces, fue sumando abogados de su grupo político a la planta docente, entre estos, a Aldo Martínez “El Topo”.
En el contexto de la renovación de la rectoría, que en la UAdeC es por elección de la comunidad universitaria, aunque suele presentarse un candidato único, Octavio Pimentel Martínez, hoy rector de la casa de estudios, enfrentó una denuncia por violencia de género en contra de una expareja, quien a la postre se desistió y reveló que había formado parte de una intriga política para descarrilar la postulación de Pimentel. El abogado de la persona era precisamente Aldo Martínez.
Por entonces, Aldo Martínez se desempeñaba como director de Asuntos Municipales en la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Óscar Pimentel González, tío del rector. Pese a la maniobra contra el sobrino, se le mantuvo en el cargo hasta el pasado lunes, cuando se dio a conocer el llamado “Caso Topo”.
Cuestionado sobre la situación laboral de Aldo Martínez, el secretario de Gobierno dio a conocer que, por los hechos del 4 de octubre, fue dado de baja el lunes 7. Ese mismo día fue dado de baja en la UAdeC por el caso de acoso contra la menor estudiante.
Sobre ese último caso, el Tribunal Universitario anunció que asiste a la joven y sus tutores tanto en la atención psicológica como en la parte jurídica que, al margen de las actuaciones del dicho tribunal, implicaría un segundo caso penal que el exdiputado priista debe enfrentar en los próximos días.