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Santiago. En la última década, al menos dos mil 16 activistas ambientales fueron asesinados en el mundo por proteger sus territorios y ecosistemas, el 85 por ciento en Latinoamérica, se informó en el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, una reunión organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En 2023, 196 activistas murieron, casi la mitad indígenas o afrodescendientes y Latinoamérica fue la región más peligrosa para la defensa ambiental.
Las cifras, informadas en la capital chilena, están documentadas en el informe 2023/24 de Global Witness, organización no gubernamental basada en Inglaterra, que expone los vínculos entre la destrucción ambiental, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
“América Latina, con 85 por ciento de estos crímenes, se consolida como la región más peligrosa para quienes ejercen la defensa ambiental, en un contexto de expansión de actividades extractivas, ilegales y sin regulación efectiva”, señala.
El Tercer Foro se efectuó en Saint Kitts y Nevis y reunió a delegados estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales para avanzar en el Plan de Acción para Personas Defensoras del Acuerdo de Escazú.
El informe de Global Witness 2023/24 enfatiza la gravedad en Colombia, con 79 asesinatos; Brasil (25), México y Honduras (18 cada uno) y Filipinas (17). De los 18 países donde hubo estos crímenes, 11 están en Latinoamérica.
La dirigente guatemalteca Dina Juc, de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, enfatizó la importancia de dar apoyo psicológico y legal a las familias y sobrevivientes de personas defensoras asesinadas.
“Muchas veces las mujeres quedan viudas y con hijos e hijas menores de edad, sin ninguna protección ante represalias”, dijo.
Jamner Manihuari, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, denunció que “a los pueblos nos toca organizarnos porque hay ausencia del Estado en la aplicación de normativas de protección. Un líder indígena no tiene la misma protección que un funcionario público o un artista”.
Firmado en 2018 y vigente desde 2021, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional que obliga a los Estados a proteger a los defensores ambientales, con entornos seguros, investigar agresiones y adoptar medidas priorizando a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
Apenas 17 países lo han ratificado, mientras que naciones como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú, con alta conflictividad, no se suman en la ratificación, limitando su alcance.
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