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Ciudad de México. En un día que calificó como “histórico”, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Pablo Arrocha, afirmó que los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos “alimentan con pleno conocimiento de causa” el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
Tras la audiencia celebrada este martes en la Suprema Corte de EU, en la que empresas estadunidenses solicitaron inmunidad frente a las demandas del gobierno mexicano, Arrocha subrayó la urgencia de frenar el flujo ilícito de armas, al que describió como un “río de hierro” que cada año introduce hasta medio millón de armas en México que terminan en manos de criminales.
“Las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos o armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”, señaló el funcionario en una declaración difundida por la SRE. “Todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de militares mexicanos cada año”.
Arrocha comparó esta situación con el control de sustancias químicas peligrosas en el comercio internacional: “Cuando empresas privadas adquieren productos químicos tóxicos a través de la frontera, los países vecinos toman medidas para detenerlos”.
El consultor jurídico destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha comprometido a frenar el tráfico ilegal de armas y reiteró que la demanda presentada por México no busca afectar la Segunda Enmienda ni el derecho de los estadunidenses a poseer armas de fuego de manera legal.
“Lo que nos preocupa y nos ocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión sí es ilegal”, afirmó Arrocha. “Esperaremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y seguiremos haciendo todo lo posible para proteger al pueblo de México de la violencia y el sufrimiento causado por el tráfico de armas”.
México presentó su primera demanda en 2021 ante una corte federal en Massachusetts contra ocho fabricantes y distribuidores de armas, argumentando que su negligencia contribuye a la violencia en el país. En 2022, el gobierno interpuso una segunda demanda en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas que presuntamente venden armas con conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado.
En respuesta, los vendedores de armas demandados en Massachusetts pidieron la intervención de la Suprema Corte para intentar frenar la demanda de México. Es en este contexto en el que se celebró la audiencia de hoy en Estados Unidos.
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