El mandatario aseguró que la Ley de Amnistía aprobada en su administración no ha tenido los resultados buscados para obtener información
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a las madres y padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron hace 10 años, un último informe en que acusa a Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, de no mostrar la voluntad para cooperar y seguir ofreciendo información por los nulos avances en la investigación respecto a lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014, aunque no participó de manera directa tuvo comunicación de los integrantes de grupos delictivos y autoridades locales que saben de lo ocurrido.
A la par, en este segundo informe del caso, el mandatario federal exculpó a las Fuerzas Armadas por su posible participación en los hechos y atacó a las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que realizaron una investigación independiente sobre lo que ocurrió y dedicó una gran parte del escrito para acusar a Anabel Hernández, periodista que compartió información proporcionada por un testigo que asegura que elementos del Ejército mexicano estuvieron involucrados en la desaparición de los jóvenes, de manejar un versión sin ninguna prueba.
“Uno de los miembros del grupo delictivo Guerrero Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos.
“Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policía municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes (…).
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“Con el paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los “defensores” de las madres y padres de los estudiantes que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del Ejército. Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la seudoperiodista Anabel Hernández, quien incluso escribió un libro llamado La verdadera noche de Igual, publicado en 2016, en el cual se atrevió a afirmar sin ninguna prueba, que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos”, escribió en su carta el mandatario federal.
El presidente López Obrador insistió que durante su gestión las Fuerzas Armadas, mandos y oficiales han coinciden en que no pueden tolerarse las violaciones a los derechos humanos y la impunidad; por tanto es que han contado con su apoyo y disposición para avanzar con la investigación y que la participación de elementos -quienes enfrentan un proceso legal por su posible participación en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa- no es motivo para “manchar” a la institución.
“Los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden marchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República”.
Asimismo, señaló que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez han dialogado con los presuntos involucrados que se encuentran en la cárcel. Les han ofrecido recompensas, la aplicación de la Ley de Amnistía para brindar protección y apoyo a los informantes, pero “hasta ahora han sido poco lo alcanzado” con estas propuestas.
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Representante de los padres de los 43 señala que investigación se empantanó
En el marco del lamentable aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, representante legal de las madres y padres de los jóvenes, comentó que el Ejército mexicano se ha negado a entregar poco más de 800 documentos faltantes que se han solicitado para seguir la línea de investigación sobre la presunta implicación de las Fuerzas Armadas en el caso.
Además, que desde 2022 en que la investigación apuntaba al Ejército esta se empantanó y no ha habido mayor avance.
En la más reciente actualización, las autoridades informaron a los padres que habían localizado restos óseos en Cocula, mismos que serán analizados para conocer la compatibilidad con los familiares, sin embargo, temen que sea un procedimiento irregular, pues retoma la versión del gobierno de Peña Nieto.
“Tememos que estén haciendo algo irregular, que vayan a hacer un proceso alterado con respecto a resto óseo (…) Estos procedimientos eran propios del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ahora se vuelven a repetir”, dijo Rosales.