Por Nayar Araiza López
Cero tolerancia: entre la ley y la desobediencia ciudadana
• El operativo contra motociclistas irregulares no es un abuso, es política pública de seguridad
• Los agentes viales y policías municipales están actuando bajo el marco de la ley
• Merece reconocimiento el trabajo de Briana Guzmán, directora de Seguridad Ciudadana, y Karina Polanco, subdirectora de Tránsito, quienes han sabido ejercer su encargo con profesionalismo y sin titubeos
En Bahía de Banderas, los operativos de “cero tolerancia” hacia motociclistas que transitan sin placas, sin documentos, sin casco, con hasta cuatro personas a bordo (incluidos bebés), han desatado una oleada de comentarios negativos, la mayoría cargados de desinformación, victimismo y hasta histeria colectiva en redes sociales. Pero hay que poner los puntos sobre la mesa, no se trata de una cacería ni de abuso de autoridad, únicamente se trata de una estrategia legal, legítima y necesaria para frenar un problema que ha escalado fuera de control.
No es admisible la indolencia con la que ciertos ciudadanos transportan menores de edad en vehículos no regulados, sin ninguna medida de protección. El riesgo es real, y ya ha cobrado vidas. El caso más reciente y doloroso fue la muerte de un joven agente vial empujado por un motociclista que se dio a la fuga en pleno operativo. Testigos del hecho lo han confirmado, y el responsable parece ser ya fue identificado, por lo que tiene que ser castigado con todo el peso de la ley, su joven esposa y familia así lo reclama a través de su red social, sus publicaciones son un ejemplo cruel de la injusticia de su fallecimiento. Así como se exige responsabilidad a los servidores públicos, también debe exigirse responsabilidad ciudadana. La autoridad no puede ser pasiva ante una tragedia evitable.
Seamos claros, está comprobado con estadísticas oficiales, que la mayor parte de los delitos menores como los robos, extorsiones y narcomenudeo, se cometen a bordo de motocicletas. Esta realidad no puede ignorarse. Por eso, los operativos no son capricho de un director o una moda del Ayuntamiento, simplemente son parte de una política pública nacional de seguridad, en la que ya participan Marina, SEDENA y Guardia Nacional. Bahía de Banderas es parte del mapa, no es la excepción, por lo que ya iniciaron los operativos en zonas del municipio identificadas como problemáticas, en donde detienen y revisan automóviles, “el que nada debe nada teme”.
Los agentes viales y policías municipales están actuando bajo el marco de la ley. Si un ciudadano se pone rijoso, agresivo o intenta huir, la ley faculta a los oficiales para someterlo y detenerlo. No confundamos firmeza con abuso. Por supuesto, si hay elementos que incurren en faltas o piden “moche”, deben ser sancionados, y ya lo están siendo.
Bajo esta óptica, el presidente municipal Héctor Santana ha dejado claro que en su gobierno no hay lugar para la corrupción ni para quienes abusan del uniforme. La limpia va en serio. Pero tampoco se puede permitir que cualquier detenido, por el simple hecho de violar el reglamento, grite “abuso” y se escude en las redes sociales con el argumento fácil de la corrupción, cuando lo que se busca es evadir la responsabilidad personal.
En este contexto, merece reconocimiento el trabajo de las titulares al frente de la seguridad municipal, Briana Guzmán, directora de Seguridad Ciudadana, y Karina Polanco, subdirectora de Tránsito, quienes han sabido ejercer su encargo con profesionalismo y sin titubeos. No están improvisando, están construyendo un nuevo paradigma de respeto a la ley, donde la autoridad cumple su papel, pero también se somete a vigilancia y evaluación.
Eso sí, es momento de reforzar la estrategia: más capacitación, más equipamiento, más inteligencia operativa. El agente vial que falleció nunca debió haber estado solo persiguiendo a un infractor en condiciones de alto riesgo. Se necesita una respuesta integral, no heroísmos que terminan en tragedia.
La cultura de la legalidad no se construye con aplausos en redes sociales, sino con respeto mutuo y aplicación firme de las normas. Durante años, el entorno fue permisivo, el ciudadano no regularizaba su moto porque sabía que podía sobornar a un agente, y el agente permitía el caos porque se beneficiaba de ello. Esa cultura está muriendo, y como todo cambio profundo, duele y no les parece a muchos.
El mensaje del presidente Héctor Santana es contundente: “Aquí nadie está por encima de la ley, ni los ciudadanos ni los servidores públicos”. Y tiene razón. No hay espacio para justificaciones. Quien no quiere tener problemas, que cumpla el reglamento. Es lo mínimo que puede pedirse en un municipio que se está jugando su seguridad, su imagen y la vida de su gente.
¿Cumplir la ley? Es mucho pedir para algunos. Pero es lo mínimo para vivir en paz. Así que si tienes motocicleta, andas sin casco, sin placas, a exceso de velocidad, con niños o bebés a bordo, sin documentos que validen la propiedad, y se topan con un operativo, lo mejor es detenerse ante la autoridad, al igual los automovilistas. Va.
Cargando ...
