Expertos en búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos consideran que “no son ideas nuevas, sino pendientes” las medidas de la presidenta Sheinbaum tras el caso Jalisco. En entrevista, ambos exponen qué se necesita para atender esta crisis de seguridad.
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “¿Qué parte de ‘sin las familias no’, no les ha quedado claro?”, cuestiona Grace Fernández Morán, integrante de Buscando Desaparecidos México (Búscame) y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del emprendimiento de una nueva estrategia para enfrentar la crisis de desaparecidos en el país.
Hermana de Dan Jeremeel, desaparecido por miembros del Ejército el 19 de diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila, Fernández Morán alerta que lo que para la presidenta son iniciativas, “en realidad son pendientes de hace siete años desde que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda”.
Partícipe en la redacción final de la iniciativa que se convirtió en ley, Fernández Morán recuerda que, por exigencia de las familias de desaparecidos, la Ley General y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) fueron “instrumentos que pensamos, negociamos, trabajamos, implementamos de la mano, codo a codo, las víctimas y las autoridades, y lamentablemente, ya cuando les tocó entrarle a los trancazos, lamentablemente ya no hubo el respaldo”.
La Ley General entró en vigencia a partir de 2017, en tanto que el MEIF fue auspiciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo último tramo de su administración decidió disolverlo, destino que también compartió el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
Entrevistada antes de abordar un vuelo con destino a Italia, para participar en la “Jornada de Recuerdo y Compromiso en Memoria de las Víctimas Inocentes de la Mafia”, que cada 21 de marzo se celebra en Sicilia, Italia, Grace Fernández insiste que lo anunciado por Sheinbaum “no son propiamente ideas nuevas, son pendientes”, y reconoce que después de la exhibición el rancho Izaguirre en Jalisco, la mandataria declara que va a atender el tema de las desapariciones que superan las 120 mil víctimas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPNO).
“Qué bueno que va retomar los pendientes, eso nos da gusto, nos da esperanza. Ahora lo que se sigue es que se lleve a cabo, que el pronunciamiento de la presidenta venga acompañado de voluntad política, presupuesto y capacidad porque esas promesas las vengo escuchando desde que llegó López Obrador y el señor fiscal (Alejandro Gertz Manero). Ya se fue López Obrador, ya casi se va el fiscal y siguen los pendientes”, apunta Fernández Morán.
Horas después de que Claudia Sheinbaum mencionó las seis medidas para enfrentar las desapariciones de personas, Grace Fernández urge no sólo a retomar los pendientes.
Advierten desconocimiento
Respecto de sumar las desapariciones al delito de secuestro, la defensora considera que si se trata de “equiparar en materia de equipo, de infraestructura y de estructura orgánica que tenía la Unidad Antisecuestros, vale, que se destinen cinco mil elementos, que era lo que tenía esa unidad en todo el país para la Comisión Nacional de Búsqueda; pero si se trata de cambiar el delito, preguntamos ¿qué parte de ‘sin las familias, no’, no les ha quedado claro? Qué bueno que ya está volteando a ver el tema, qué bueno que ya lo tenga en la priorización, pero no pueden irse sin las familias”.
Al puntualizar que, si es auténtica la intención de Sheinbaum por atender el problema, se debe combatir la impunidad y la corrupción de autoridades ligadas al crimen organizado “de los sexenios anteriores, incluido el de López Obrador, que dejó 60 mil desaparecidos”, ello como paso fundamental para detener la crisis humanitaria.
Lo anunciado por la presidenta –explica Grace Fernández– es parte de las herramientas para construir la ruta y el camino de la verdadera justicia, que sólo se construye con las familias, es indispensable que entiendan que los familiares de las personas desaparecidas no solamente somos el vehículo, somos la dirección y el destino de cualquier proyecto que intente dar solución a las desapariciones en México.
La exigencia de incluir a las familias en la discusión de los pasos a seguir para atender el problema de desapariciones en México es también compartido por integrantes de la sociedad civil, como Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director jurídico de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Asesor de colectivos de familiares de desaparecidos y de colectivos de búsqueda, Gutiérrez Contreras alerta que detrás del discurso de la presidenta hay un profundo desconocimiento el tema que “está híperdiagnosticado en los informes del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los informes de las organizaciones de la sociedad civil y de los familiares de víctimas”.
Contrario al anuncio de la presidenta de presentar iniciativas de ley para atender el problema, Gutiérrez Contreras apunta que “no se tiene que reformar nada, a la Ley General y los protocolos de búsqueda ahí están, más bien son acciones cosméticas, parches que no están realmente apuntando al problema estructural, que es la corrupción de las instituciones”.
Señala que en el discurso de Sheinbaum no se habla de las medidas a tomar contra “los funcionarios policiales, ministeriales, soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional que están acusados de desaparición forzada que siguen operando de manera activa”.
El defensor considera que el origen de no plantear acciones estructurales por parte de la presidenta, se debe a que “no se está escuchando a las familias ni a las organizaciones, ni se están revisando las recomendaciones internacionales; estamos hablando de que las desapariciones son crímenes de lesa humanidad y para atenderlas, hay que tomar medidas extraordinarias”.
El director jurídico de I(dh)eas critica que se presente como iniciativa el fortalecimiento de la CNB, “cuando es una obligación de Estado”, además de que otros enunciados son “insustantivos porque ya existen en la ley, como lo que llama ‘Base Nacional Forense”, cuando en los artículos 119 y 120 de la Ley Genera en Materia e Desaparición ya está contemplado, es el Banco Nacional Forense y a quien le corresponde coordinarlo es a la Fiscalía General de la República, que no se ha echado a andar; tampoco tiene sentido hablar de los protocolos de búsqueda e investigación, que también ya existen”.
Gutiérrez Contreras expone que la ley general ordena la búsqueda inmediata de cualquier persona, y que para ello no es necesario la espera de 72 horas, esa temporalidad “sólo aplica para abrir carpetas de investigación de hombres mayores de 18 años porque para mujeres y personas menores de 18 años la ley obliga a abrir de manera inmediata una carpeta de investigación”.
El defensor lamenta que Claudia Sheinbaum no presente propuestas “para fortalecer los servicios forenses, es ahí donde hay una crisis en México”, y en cambio se hable de equiparar el tipo penal de desaparición con el secuestro.
“Me parece que es grave porque desnaturaliza nuevamente la figura de la desaparición, homologar la desaparición al secuestro va en contravía de años de lucha de las familias, en contravía de años de lucha de identificar la desaparición como un delito de Estado”, explica.
De la misma manera, lamenta que no se incluyan reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, “para ofrecer beneficios a presuntos perpetradores por colaboración eficaz, si no hay manera de negociar con la delincuencia, si no hay manera de pedirles información sobre cómo operan, no se va a poder detener la tragedia”.
Gutiérrez Contreras, quien con I(dh)eas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), han presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) denuncias por las desapariciones en Nayarit y Veracruz, puntualiza que ante la dimensión del problema en México, su organización ha urgido la intervención de la CPI y de la Asamblea de Naciones Unidas, porque “se debe reconocer que en el país se practican crímenes de lesa humanidad, que los grupos delincuenciales en colaboración con agentes del Estado cometen esos actos”.
Ante la dimensión del problema, Gutiérrez Contreras considera que México:
Debe pedir la intervención a la CPI y asumir que el Estado no puede combatir el problema solo, sin ayuda y cooperación internacional.
“Consideramos que el CED debe presentar el caso ante la Asamblea General de Naciones Unidas porque la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición establece que, cuando las desapariciones se practican de manera generalizada, la Asamblea General debe actuar estableciendo un monitoreo y exigirle a México que asuma de manera inmediata una priorización de acciones que tienen que ver con el drama humanitario que se está viviendo en el país”, agrega.
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