La comparecencia de los tres integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno de Jalisco se realizará el próximo miércoles 19 de marzo a las 11:00 horas.
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GUADALAJARA, Jal. (apro). El pleno del Congreso del Estado de Jalisco tomó la decisión unánime de convocar al Gabinete Estatal de Seguridad para que aclare las omisiones registradas en el rancho de reclutamiento y exterminio de Teuchitlán. Esta comparecencia también tiene como objetivo exigir que se tomen acciones y se impongan sanciones a quienes resulten responsables de este crimen.
De esta forma, deberán acudir a responder a las interrogantes de los legisladores: el fiscal estatal, Salvador González de los Santos; el coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón; y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández.
La petición inicial fue hecha por el diputado Enrique Velázquez, de Hagamos: “Con la finalidad de que informen a esta soberanía todo lo concerniente con el predio conocido como el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán. Esto no se trata de atacar a nadie, se trata de generar las condiciones para que involucrados todos aquí nos digan qué es lo que hace falta, porque es muy fácil echar la culpa a quien sea, pero si hacen falta más recursos, más capacitación, u otra, si esas personas creen que ese problema no les toca que dejen su espacio para alguien que sea profesional y sepa lo que debe hacer”.
A esta solicitud se sumó el legislador independiente Alejandro Puerto, “pienso que deben venir a comparecer el fiscal estatal y el secretario de Seguridad, porque evidentemente este problema de la deficiencia en los procesos de búsqueda debe enfrentarse con todas las herramientas existentes y el Congreso tiene una muy poderosa: revisar y supervisar las tareas que hace el Poder Ejecutivo y todas las áreas de gobierno.”
El promotor del acuerdo hizo un llamado para que, en esta ocasión, la cita de funcionarios de seguridad pública no se opacara realizándola en la víspera del fin de semana ni por la tarde noche, como solía ocurrir en la anterior administración estatal y en la legislatura precedente.
“Lo importante es que entendamos que las comparecencias son parte fundamental del trabajo de este Congreso. Durante muchos años se ha evitado, incluso cuando se hacen las glosas del informe, se busca que el tema de seguridad se vaya al viernes a la tarde para que se pierda la nota los fines de semana. Creo que eso ya es insostenible. Eso no puede ser. La fracción de Hagamos presentamos no una ni dos, sino varias veces, la necesidad de rendir cuentas de los funcionarios ante esta representación popular”, manifestó Velázquez.
A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, la bancada del partido en el gobierno de Movimiento Ciudadano (MC) esta vez no se resistió a que los funcionarios del área de seguridad rindan cuentas ante el Poder Legislativo de Jalisco y, tras un receso de dos horas, aceptaron la propuesta.
El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado Bastidas, señaló: “Este caso debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Aquí no debe haber impunidad, ni cálculos políticos. Jalisco debe saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables. Se debe llevar hasta el fondo y deslindar responsabilidades de las autoridades locales, estatales y federales. Si hubo omisiones, negligencias o encubrimientos que se castigue sin importar de quién se trate”.
La comparecencia de los tres integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno de Jalisco se hará el próximo miércoles 19 de marzo a las 11:00 horas.
Fiscalía Anticorrupción investigará posibles irregularidades en el Caso Teuchitlán
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco comenzará una investigación sobre posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Fiscalía Estatal en el caso de Teuchitlán. Gerardo de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, anunció que convocarán a declarar a policías investigadores, ministerios públicos y a altos funcionarios vinculados con el campamento de reclutamiento involucrado en el incidente.
Tovar destacó que, tras la detención de 10 personas y el rescate de dos con vida, así como de un cadáver, es imperativo que los servidores públicos actuaran con exhaustividad en su investigación. Subrayó que “la falta de investigación no solo genera impunidad, sino que también representa una violación a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familias, quienes se vieron privados de acceder a la justicia”.
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