Santiago Meza López trabajó para el Cártel de Tijuana entre 2000 y 2009, agrupación que es liderada por los hermanos Arellano Félix.
El caso del campo de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, ha causado un fuerte impacto en la opinión pública sobre la capacidad de los cárteles de la droga para desaparecer y asesinar a cientos de personas, para luego ocultar sus cuerpos en fosas clandestinas.
Los hallazgos de crematorios clandestinos y restos humanos en el Rancho Izaguirre hacen retomar el caso de Santiago Meza López, conocido como ‘El Pozolero’, quien confesó su participación en la desaparición de al menos 300 cuerpos para el Cártel de Tijuana.
Santiago Meza López fue detenido por el Ejército Mexicano en Tijuana el 22 de enero de 2009, debido a su participación en actividades delictivas para dicha agrupación criminal.
‘El Pozolero’ recibió una sentencia de 10 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, inhumación clandestina y asociación delictuosa. Posteriormente, en marzo de 2024, recibió una segunda sentencia de 30 años y ocho meses por delincuencia organizada y secuestro.
Tras su arresto, Meza López confesó que, mientras trabajaba para el Cártel de Tijuana, se encargó de la disolución de al menos 300 cuerpos en sosa cáustica. Además, detalló que sumergía los cuerpos en tambos con capacidad de 200 litros para que se desintegraran en aproximadamente 24 horas.
Posteriormente, vertía la mezcla resultante en fosas ubicadas en terrenos baldíos de Tijuana, como ‘La Gallera’ en la colonia Maclovio Rojas. De acuerdo con investigaciones periodísticas, Santiago Meza López recibía alrededor de 7 mil pesos por semana por su labor como ‘pozolero’ para el Cártel de Tijuana.
¿Qué objetos fueron encontrados en el narcorancho de Teuchitlán?
El miércoles 12 de marzo, la Fiscalía de Jalisco publicó una lista de objetos hallados en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde se descubrieron crematorios clandestinos, restos humanos, más de 400 pares de zapatos y cientos de prendas de vestir, así como otros objetos personales.
El rancho era utilizado como campo de entrenamiento y estaba bajo control del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Dicho predio ya había sido previamente incautado e investigado por autoridades jaliscienses en septiembre de 2024, pero no se encontraron indicios de fosas o crematorios clandestinos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado el caso para deslindar responsabilidades. El fiscal general Alejandro Gertz Manero criticó la falta de acción de las autoridades locales.
“Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una línea de investigación sobre la historia de este caso; es decir, no es posible que una situación de esa naturaleza no haya sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, dijo el fiscal.
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